Integrantes de organizaciones sociales y campesinas denuncias persecución.

Rafael González, Marta García y Jorge Matías, representantes del CUC, ULAM y de la Fundación Guillermo Toriello respectivamente en conferencia de prensa indicaron que a más de dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de las 14 comunidades desalojadas del Valle del Polochic, solicitando al Estado de Guatemala la implementación de medidas urgentes para garantizar su derecho a la vida y la integridad física, derecho a alimentación y albergue y a la vez la necesaria investigación de los hechos de violencia ocurridos y que hasta hoy atraviesan dichas comunidades, El Gobierno no ha tomado acciones concretas o claras  para cumplir con el dictamen de la CIDH.

COPREDEH  se escuda en procedimientos burocráticos e incoherentes para atender su responsabilidad para avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el estado ante la CIDH,  pues a los pobladores que sufrieron desalojos les solicitan llenar 3 formularios donde los cuestionan respecto a si cuentan con televisor, refrigerador y otros enseres, a sabiendas que los pobladores perdieron todo durante los desalojos.

Asimismo cuestionan a la directora de COPREDEH, Ruth del Valle ya que según ella las autoridades no violaron los derechos humanos de las familias desalojadas.

Indican que el día 19 de agosto del presente año en la comunidad de Papaljá, La Tinta, 14 líderes de 14 comunidades desalojadas tuvieron un acercamiento con representantes de la Secretaría de Asuntos Agrarios, COPREDEH, MAGA y del Sistema Nacional de Diálogo Permanente para exponerles la situación en la que se encuentran y buscar soluciones inmediatas en beneficio de las 800 familias desalojadas, quedando pendiente un próximo acercamiento para el día 02 de septiembre, esperando tener propuestas concretas de parte de las entidades estatales.

Los pobladores de las comunidades desalojadas se encuentran actualmente albergadas en comunidades aledañas al Ingenio Chabil Utzaj, algunos alquilando casas o viviendo con familiares y otros posando. La única comunidad que se resiste a dejar sus tierras que ancestralmente les pertenece es Paraná, quienes se han establecido a orillas de las carreteras cercanas al ingenio.

Demandas efectuadas:

Desmantelar los aparatos clandestinos de la seguridad privada de Chabil Utzaj.

El cumplimiento de parte del Estado de las medidas cautelares dictadas por la CIDH y que garantice y proporcione alimentación, salud, seguridad y vivienda a las familias desalojadas.

Retomar el tema agrario para poder reubicar a las 800 familias desalojadas del Valle del Polochic.